¿Qué estamos previniendo cuando prevenimos el suicidio?
Del hecho social de Durkheim al suicidismo de Alexandre Baril: una lectura clínica, social y política del suicidio contemporáneo
Cada 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio propone volver sobre una de las cuestiones más complejas de la salud pública contemporánea. En 2026, la Organización Mundial de la Salud cierra el ciclo iniciado en 2024 bajo el lema “Changing the narrative on suicide”, acompañado por la invitación a “Start the Conversation”. El planteo no se limita a promover conversaciones más abiertas sobre el suicidio: también señala la necesidad de producir cambios sistémicos, fortalecer las políticas públicas, mejorar el acceso a una atención de calidad y desarrollar estrategias de prevención basadas en evidencia.
Ese desplazamiento resulta importante porque hablar de prevención del suicidio no significa solamente hablar de las intervenciones destinadas a una persona que atraviesa una crisis. También implica preguntarse qué entendemos por suicidio, qué explicaciones utilizamos para comprenderlo, qué respuestas institucionales construimos y qué condiciones sociales forman parte del escenario en el que determinadas personas llegan a experimentar que vivir se ha vuelto insoportable.
El problema, por lo tanto, no consiste en elegir entre una explicación individual y una explicación social del suicidio. Consiste en comprender cómo se articulan subjetividad, condiciones materiales y relaciones de poder, tanto en la producción del sufrimiento como en las respuestas que una sociedad desarrolla frente a él.
Del acto individual al hecho social
Uno de los desplazamientos fundamentales para pensar el suicidio se encuentra en la obra de Émile Durkheim. En El suicidio, publicado en 1897, Durkheim produjo una ruptura con las explicaciones que reducían el fenómeno a características individuales. Su propuesta consistió en analizar las tasas de suicidio como un hecho social, relacionándolas con las formas de integración y regulación existentes en una sociedad.
La importancia de esta perspectiva no reside en que Durkheim haya ofrecido una explicación definitiva del suicidio. Su aporte consiste, más bien, en haber demostrado que incluso un acto que parece pertenecer exclusivamente a la esfera privada puede presentar regularidades sociales y estar relacionado con la organización de la vida colectiva.
Esta idea continúa siendo relevante para la comprensión social del suicidio. Una persona no existe al margen de las relaciones familiares, laborales, económicas, comunitarias y políticas en las que desarrolla su vida. La experiencia subjetiva del sufrimiento se produce dentro de una historia y dentro de determinadas condiciones de existencia.
Sin embargo, trasladar mecánicamente el pensamiento de Durkheim al presente también sería insuficiente. La sociedad contemporánea presenta formas de desigualdad, precarización, individualización y fragmentación institucional que no pueden ser comprendidas únicamente mediante las categorías clásicas de integración y regulación. Además, existe otra pregunta que resulta necesario formular: ¿qué ocurre con las personas que no solamente experimentan sufrimiento, sino que también encuentran que su palabra pierde legitimidad cuando expresan ese sufrimiento?
Del fenómeno social a las relaciones de poder
Es en este punto donde adquiere especial interés el trabajo de Alexandre Baril. En su artículo de 2020, Suicidism: A new theoretical framework to conceptualize suicide from an anti-oppressive perspective, Baril propone el concepto de suicidismo para nombrar un sistema de opresión en el que las personas suicidas pueden experimentar distintas formas de injusticia y violencia.
Su planteo se inscribe en perspectivas queer y crip y desplaza la pregunta desde una cuestión exclusivamente explicativa —por qué una persona intenta suicidarse— hacia una cuestión epistemológica y política: quién tiene autoridad para definir qué significa el suicidio, quién puede hablar sobre su propia experiencia y qué ocurre cuando esa palabra es considerada inválida de antemano.
La propuesta de Baril resulta especialmente provocadora porque cuestiona algunas de las certezas que suelen organizar los discursos contemporáneos sobre prevención. Entre ellas se encuentra la idea de que la respuesta correcta frente a cualquier expresión suicida consiste necesariamente en eliminar el riesgo, incluso cuando esa intervención implica coerción, pérdida de autonomía o institucionalización.
Esto no significa que Baril rechace la prevención del suicidio. Su posición es más compleja. El autor afirma explícitamente su apoyo a la prevención y plantea que cuestionar las formas de opresión experimentadas por las personas suicidas podría contribuir a desarrollar estrategias preventivas más respetuosas y eficaces. Su crítica está dirigida hacia aquellas formas de prevención que, en nombre de proteger la vida, pueden terminar silenciando a la persona cuya vida se pretende proteger.
La autonomía no elimina la responsabilidad clínica
Aquí aparece una tensión que no debería resolverse mediante posiciones absolutas. Reconocer la agencia de una persona no significa asumir que toda decisión tomada durante una crisis es estable, informada o independiente de las condiciones que la rodean. Del mismo modo, considerar que una persona atraviesa una situación de riesgo no autoriza automáticamente a reducirla a una categoría de riesgo.
En la práctica clínica, esta diferencia es fundamental. Una evaluación del riesgo puede ser necesaria y responsable, pero una persona no es un riesgo. El riesgo es una construcción clínica y probabilística destinada a orientar decisiones; la persona posee una historia, vínculos, recursos, conflictos, condiciones materiales y posibilidades que no pueden agotarse en una puntuación o clasificación.
Por eso, una crítica a la coerción no puede confundirse con una defensa de la indiferencia clínica. Escuchar a una persona que expresa ideas suicidas implica asumir responsabilidad, evaluar la situación, construir condiciones de seguridad y trabajar sobre aquello que está produciendo sufrimiento. Pero también implica evitar que la intervención transforme automáticamente a la persona en objeto pasivo de decisiones tomadas por otros.
Esta tensión es particularmente importante porque el campo de la salud mental trabaja permanentemente con una paradoja: necesita proteger sin despojar de agencia, intervenir sin reducir, evaluar sin etiquetar y sostener una responsabilidad clínica que no se convierta en una relación de tutela permanente.
El sufrimiento suicida dentro de las condiciones materiales de existencia
Una lectura social del suicidio tampoco debería caer en el extremo contrario y convertir las condiciones económicas en explicaciones automáticas. La pobreza no “produce” mecánicamente suicidio, como tampoco una deuda, un despido o un conflicto laboral permiten predecir que una persona intentará suicidarse. Lo que sí puede afirmarse es que determinadas condiciones materiales pueden incrementar la exposición al estrés, limitar las posibilidades de respuesta y modificar profundamente la experiencia subjetiva de futuro.
La deuda, por ejemplo, no constituye solamente un problema financiero. Puede implicar presión sostenida, pérdida de control, temor frente a las consecuencias económicas, conflictos familiares y reducción de las posibilidades de proyectar. Algo similar puede ocurrir con la precarización laboral, el desempleo, la inseguridad económica o determinadas formas de violencia y exclusión.
Por esta razón, hablar de determinantes sociales de la salud mental no significa sustituir la psicología por la economía. Significa reconocer que aquello que una persona experimenta internamente también está relacionado con las condiciones concretas en las que debe vivir.
Una intervención exclusivamente individual puede ayudar a una persona a elaborar aquello que está viviendo, pero no puede por sí sola modificar el desempleo, una situación de violencia, la precariedad habitacional, la ausencia de ingresos suficientes, una deuda o la falta de redes comunitarias. Esto no vuelve inútil la intervención clínica. Define sus límites y, al mismo tiempo, señala la necesidad de articularla con otras respuestas sociales.
Cuando un problema social se convierte en un problema individual
Existe un proceso particularmente importante para la salud mental contemporánea: la tendencia a traducir problemas sociales en problemas individuales. Cuando una persona no puede sostener económicamente su vida, cuando trabaja en condiciones de extrema precariedad o cuando enfrenta una estructura familiar atravesada por violencia y falta de recursos, la respuesta institucional puede terminar concentrándose exclusivamente en su capacidad individual para adaptarse.
En ese desplazamiento, la pregunta deja de ser qué condiciones están produciendo sufrimiento y pasa a ser por qué esa persona no consigue manejar adecuadamente esas condiciones. La responsabilidad se desplaza hacia el individuo y la estructura social queda fuera de campo.
Esto resulta especialmente problemático en el ámbito de la salud mental porque puede convertir la adaptación en objetivo terapéutico sin interrogar suficientemente aquello a lo que la persona debe adaptarse. No todo sufrimiento es una falla individual y no toda dificultad de adaptación constituye un trastorno.
Pero tampoco sería suficiente afirmar que todo sufrimiento tiene un origen social. Una persona puede encontrarse atravesada simultáneamente por condiciones materiales adversas, conflictos vinculares, acontecimientos traumáticos, procesos psicopatológicos, pérdidas, experiencias corporales y significados subjetivos que no pueden reducirse a una sola dimensión.
La tarea clínica consiste precisamente en poder sostener esa complejidad sin convertirla en una explicación totalizante.
Uruguay: un problema sanitario que no puede separarse de la cuestión social
En Uruguay, esta discusión adquiere una dimensión concreta. En 2025 se registraron 668 fallecimientos por suicidio, con una tasa de 19,16 cada 100.000 habitantes. Estos datos no permiten explicar por sí mismos por qué cada persona murió, pero muestran que estamos frente a un problema sanitario y social de magnitud suficiente como para no ser reducido a situaciones individuales aisladas.
Al mismo tiempo, los datos económicos permiten observar el contexto en el que transcurren muchas de esas vidas. En 2025, el Instituto Nacional de Estadística estimó que el 16,6% de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza. Desde una medición multidimensional, que incorpora privaciones que exceden el ingreso, el 18,7% de las personas fue considerado pobre.
Estos datos no deben utilizarse para establecer una relación causal simplista entre pobreza y suicidio. Su valor está en mostrar que las experiencias individuales se desarrollan dentro de una sociedad atravesada por desigualdades concretas. Las condiciones de vida forman parte del campo de posibilidades y restricciones en el que se construyen los proyectos personales, los vínculos y las expectativas de futuro.
En este sentido, resulta significativo que la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025–2030 del Ministerio de Salud Pública uruguayo reconozca la importancia de la determinación social, la conexión social, el enfoque comunitario, territorial y de derechos humanos, así como la necesidad de articulación intersectorial e interinstitucional.
El propio diseño de la política pública, entonces, permite sostener una idea que también resulta relevante para la clínica: la salud mental no puede ser pensada exclusivamente como un asunto individual ni como una cuestión que pueda resolverse únicamente dentro de un consultorio.
La prevención entre protección y control
La palabra “prevención” suele adquirir una connotación incuestionablemente positiva. Prevenir parece significar proteger, anticiparse y evitar una muerte. Sin embargo, Baril obliga a introducir una pregunta adicional: ¿qué formas concretas adopta esa prevención y qué efectos puede producir sobre las personas a quienes está destinada?
La prevención puede generar acceso, acompañamiento, recursos, redes y oportunidades de intervención temprana. Pero también puede organizarse desde una lógica exclusivamente centrada en el control del riesgo. Cuando esto sucede, la persona puede experimentar que cualquier expresión de sufrimiento será interpretada como evidencia de incapacidad para decidir.
No se trata de negar que existan situaciones en las que sea necesario intervenir de manera urgente para preservar la vida. Se trata de reconocer que proteger y controlar no son sinónimos, y que una intervención puede ser clínicamente necesaria sin dejar de ser objeto de análisis crítico.
La investigación sobre intervenciones involuntarias muestra precisamente esta complejidad. Los efectos de estas medidas no pueden evaluarse únicamente por el hecho de que se haya evitado una muerte inmediata. También es necesario considerar la experiencia de coerción, la confianza en los servicios, la disposición futura a pedir ayuda y la posibilidad de que una persona vuelva a comunicar pensamientos suicidas cuando los necesita expresar.
Por eso, una prevención responsable no debería limitarse a impedir que alguien muera en el corto plazo. También debería preguntarse qué tipo de relación construye con esa persona y qué posibilidades deja abiertas para que pueda volver a pedir ayuda.
La cuestión política de la vida
El planteo de Baril lleva la discusión todavía más lejos. Si las sociedades establecen jerarquías acerca de qué vidas deben ser protegidas, quién puede decidir sobre ellas y qué personas son consideradas capaces de participar en esas decisiones, entonces el suicidio no puede ser pensado únicamente como un problema médico.
La cuestión se vuelve política en un sentido preciso: implica analizar cómo las instituciones administran la vida, cómo definen la capacidad de decisión y cómo determinados sujetos pueden ser considerados menos autorizados que otros para hablar sobre su propia experiencia.
Esto resulta particularmente relevante para personas que ya experimentan otras formas de desigualdad o discriminación. La edad, la discapacidad, la pobreza, el género, la orientación sexual, la migración, la exclusión social o determinadas condiciones de salud pueden modificar la forma en que una persona es escuchada y valorada por las instituciones.
Desde esta perspectiva, el concepto de suicidismo no intenta explicar por qué una persona determinada desea morir. Intenta hacer visible otra dimensión: las condiciones bajo las cuales una persona suicida puede ser silenciada, estigmatizada, patologizada o considerada incapaz de producir conocimiento válido sobre su propia experiencia.
La clínica frente a una contradicción que no puede resolverse
Para quienes trabajamos clínicamente con sufrimiento psíquico, esta discusión presenta una dificultad que no debería ocultarse. Existe una responsabilidad profesional respecto de la vida de la persona consultante, pero esa responsabilidad no puede transformarse en la idea de que el profesional sabe mejor que la persona qué significa su propia experiencia.
La clínica trabaja precisamente en esa zona de tensión. Necesita evaluar sin reducir, intervenir sin colonizar la palabra del otro y construir condiciones de cuidado sin convertir automáticamente la autonomía en una amenaza.
En una situación de crisis suicida puede ser necesario ampliar la red de apoyo, reducir el acceso a medios letales, recurrir a servicios de emergencia, involucrar a familiares o realizar una evaluación psiquiátrica. Nada de esto debería excluir una pregunta fundamental: ¿qué está haciendo que esta vida resulte actualmente inhabitable para esta persona?
La pregunta no reemplaza la evaluación del riesgo. La complementa. Permite pasar de una lógica exclusivamente centrada en “impedir el acto” a una intervención interesada también en comprender qué condiciones subjetivas, vinculares y sociales están produciendo la crisis.
Esto también implica reconocer que la prevención no comienza necesariamente cuando aparece una ideación suicida. Las políticas de empleo, vivienda, protección social, educación, salud, prevención de la violencia, acceso a tratamientos y fortalecimiento comunitario también forman parte de una política de prevención, aunque no lleven explícitamente ese nombre.
Hacia otra concepción de la prevención
Pensar críticamente la prevención del suicidio no significa abandonar la prevención. Significa ampliar aquello que entendemos por prevenir.
Una prevención reducida a la identificación de factores de riesgo puede detectar situaciones de vulnerabilidad, pero corre el peligro de construir una mirada excesivamente individualizada. Una prevención exclusivamente social puede reconocer desigualdades y condiciones estructurales, pero corre el riesgo de perder de vista la singularidad de la experiencia subjetiva. Y una prevención centrada únicamente en la autonomía puede desconocer que las crisis también pueden alterar temporalmente la capacidad de proyectar y valorar alternativas.
Una concepción más compleja debería ser capaz de mantener las tres dimensiones en relación: la subjetiva, la social y la política.
Esto supone reconocer que una persona puede necesitar psicoterapia y, simultáneamente, una política de protección social; puede necesitar atención psiquiátrica y también una red comunitaria; puede requerir una intervención urgente y, al mismo tiempo, necesitar ser escuchada respecto de aquello que está haciendo insoportable su existencia.
Desde esta perspectiva, prevenir no significa únicamente evitar un desenlace. Significa también intervenir sobre las condiciones que producen aislamiento, desesperanza, violencia, precariedad, exclusión y pérdida de futuro. Y significa construir instituciones en las que pedir ayuda no implique necesariamente perder la voz.
Conclusión: cambiar la pregunta
Quizás una de las contribuciones más importantes del pensamiento de Baril consista en obligarnos a modificar la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente cómo impedir que una persona muera, podemos preguntarnos también qué está ocurriendo en su vida, qué condiciones sociales participan de su sufrimiento, qué lugar ocupan sus vínculos, qué posibilidades reales tiene de modificar aquello que la afecta y cómo responde la institución cuando esa persona intenta hablar.
Durkheim permitió comprender que el suicidio no es un fenómeno puramente individual. Baril agrega otra dimensión: las personas que atraviesan experiencias suicidas tampoco están fuera de las relaciones de poder que organizan la sociedad y las instituciones.
Entre ambas perspectivas existe una distancia histórica y conceptual importante, pero también una posibilidad de diálogo. Durkheim ayuda a mirar las condiciones sociales que producen regularidades en el fenómeno. Baril obliga a mirar las relaciones de poder que atraviesan las categorías con las que interpretamos esas experiencias y las respuestas que construimos frente a ellas.
La clínica puede incorporar ambas preguntas sin abandonar su especificidad. Puede reconocer el sufrimiento singular sin convertirlo en una falla individual; puede considerar los determinantes sociales sin convertirlos en explicaciones mecánicas; puede intervenir ante el riesgo sin reducir a la persona a ese riesgo.
En última instancia, cambiar la narrativa sobre el suicidio, como propone la campaña mundial de 2026, no debería significar solamente encontrar una forma más amable de hablar sobre el tema. También puede significar revisar críticamente las categorías, instituciones y políticas desde las cuales hablamos.
Porque la pregunta por la prevención no termina cuando conseguimos identificar el riesgo. Allí comienza una pregunta más difícil: qué tipo de sociedad, de instituciones y de prácticas clínicas estamos construyendo cuando intentamos proteger la vida.
Referencias
Baril, A. (2020). Suicidism: A new theoretical framework to conceptualize suicide from an anti-oppressive perspective. Disability Studies Quarterly, 40(3). DOI: 10.18061/dsq.v40i3.7053.
Baril, A. (2023). Undoing Suicidism: A Trans, Queer, Crip Approach to Rethinking (Assisted) Suicide. Temple University Press.
Durkheim, É. (1897). Le Suicide: Étude de sociologie. Paris: Félix Alcan.
Ministerio de Salud Pública de Uruguay. (2026). Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025–2030.
Ministerio de Salud Pública de Uruguay. (2026). Datos sobre suicidio en Uruguay correspondientes al año 2025.
Instituto Nacional de Estadística. (2026). Estimación de la pobreza por el método del ingreso. Año 2025.
Instituto Nacional de Estadística. (2026). Índice de Pobreza Multidimensional. Año 2025.
World Health Organization. (2026). World Suicide Prevention Day 2026: Changing the narrative on suicide.
Si este tema te interpela
La psicoterapia puede constituir un espacio para trabajar situaciones de sufrimiento, crisis y conflictos que afectan la vida cotidiana, comprendiendo la experiencia individual en relación con su historia, sus vínculos y sus condiciones de existencia.
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